"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Mesa redonda
13 años del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia
Una Ley al ralentí
31/01/2020
Blanca Abella - Imágenes: Jorge Villa
La voluntad política es la primera condición que los participantes ponen sobre la mesa para impulsar y mejorar definitivamente la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, de 2006. Sin embargo, de nada sirve esa voluntad si no viene acompañada de un aumento de los fondos, que tendrían que llegar al menos al 1,5% del PIB, como sugieren estos expertos. Junto a esta idea, se apunta la necesidad de un gran acuerdo, o Pacto de Estado, para lograr mayores ingresos, crear empleo y gestionar de manera adecuada una ley que debe estar orientada a la autonomía personal.
La importancia de los números
Ángel Rodríguez Castedo, experto analista de políticas sociales, asegura que “todos los problemas de la ley son de financiación, no hay dinero. Tenemos aproximadamente un 0,7% de PIB en gasto de dependencia y veníamos de un 0,39 en 2004, por lo tanto se crece algo, pero muy poco, tenemos que luchar para que se empiece a visibilizar un 2% en esta legislatura para el tema de la dependencia, aunque me conformaría con el 1,5, si fuese real, y luego ir incrementando”.
En definitiva, explica este experto, “subir de 0,70 a 1,5% del PIB serían unos 11.000 millones. Esto, que parece una barbaridad, no lo es, si hay voluntad de hacerlo, por los beneficios económicos que lleva consigo la implantación rigurosa de la ley, en el tema del empleo, en el tema de la coordinación con el sistema de salud…”
Y las cuentas las tiene hechas desde hace tiempo, con cifras que son públicas y que todo el mundo conoce. Afirma Rodríguez Castedo que nuestro país deja de ingresar unos 60.000 millones de euros al año por la política de bonificaciones y exenciones a las empresas. En nuestro país, el impuesto de sociedades es del 25% pero la realidad es que apenas se llega a recaudar el 10%. Si se lograran esos ingresos, algo que define además como “auténtico patriotismo fiscal”, una parte de ese dinero se destinara a aumentar los fondos de Autonomía Personal, y con ellos, entre otras cosas, se podría contratar a cerca de un millón de personas que, además, supone un retorno del 60%, según estudios del Imserso.
Este experto apunta además otras consideraciones a tener en cuenta en cuanto a números se refiere: “Somos la 4ª economía de la UE y la 13 en el recuento mundial, a nivel de PIB, de producción de bienes y servicios, es decir un gran país desde el punto de vista económico y, sin embargo, socialmente somos una auténtica vergüenza con nuestros ciudadanos. Aquí dinero sobra, pero hay que recaudarlo. Es la cuestión más relevante”.
La oportunidad del nuevo Gobierno
“Estamos ahora mismo en una encrucijada que debemos de aprovechar”, asegura Jesús García Lorente. Por un lado, señala la importancia de contar, por primera vez, con una vicepresidencia de derechos sociales que, a su juicio, debe poner el foco en mejorar la ley de Autonomía Personal. Por otro lado, advierte del peligro que se anuncia con una posible nueva recesión o congelación, “y tenemos que testar el compromiso real del Gobierno con lo social, no debemos volver a dejarnos congelar, como ocurrió a 2012”.
Y entonces surge de nuevo la solución del acuerdo o el Pacto de Estado, propuesta por Jesús García Lorente: “Debe hacerse un propósito de pacto común porque si no esto no va a funcionar y es probable que consigamos que se aumenten los fondos pero que esos fondos no vayan donde tienen que ir”.
Y por su parte, Paca Tricio, presidenta de Mayores UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) señala que “este país no solo gasta poco, sino que además gasta mal; el derecho está en la ley pero la ayuda no puede ser igualitaria, tiene que tener un punto de equidad y no se puede ayudar igual a quien tiene una pensión de 500 euros que al que la tiene de 2.500”.
Mayores, autonomía y asistencia personal
Y añade: "Necesitamos que se hagan leyes de futuro porque los mayores queremos vivir y cada vez vamos a vivir más y lo que es una oportunidad al final se convierte en un problema; y tenemos que tener en cuenta también que el 75% de cuidadoras no tienen ningún tipo de derecho, más que el amor de sus familias y que hay 423.000 personas pendientes de algún trámite, y que la lista de espera ha aumentado en un año el 30%... ¿Dónde llegamos con eso? A que la gente acabe tirando la toalla y no reclame un derecho que tiene por ley, porque la gente se cansa”.
Otra cuestión en la que coinciden todos los participantes en la mesa es en la necesidad de potenciar la autonomía personal, “esa asignatura pendiente desde su nacimiento”, señala Font, que además aporta datos llamativos: “En Suecia, son 138 horas semanales las que se dedican a la asistencia personal, mientras que en España solo son 20, en algunas comunidades autónomas”. Por su parte, para García Lorente “es importante actualizar la cartera de servicios y dirigirla más a la autonomía personal, y no podemos tener sin desarrollar todavía la figura del asistente personal, con lo cual está claro que es necesario ese 1,5% del PIB como mínimo para que la ley no se muera ni languidezca”.
También se ha hablado de la descoordinación entre Administración central y comunidades autónomas, de la desigualdad territorial, de la importancia de la coordinación sociosanitaria y del peligro de mezclar la ley de autonomía personal con los servicios sociales de cada autonomía, “porque pueden ir de la mano en algunos aspectos de manera complementaria pero cada cual tiene su función y esa cartera de servicios de la ley de autonomía personal debe ser única para esos servicios”, señala Font. De las mujeres cuidadoras. “Hay que liberar a nuestras madres y nuestras hermanas de cuidar de por vida a nuestros iguales”, advierte Rodríguez Castedo.
Y aunque queda en el ambiente un hilo de esperanza ante posibles nuevos tiempos, no se deja de señalar que la Ley de Autonomía Personal ha generado un sentimiento de desasosiego, incluso de estafa, en algunos sectores. Y por eso, también, reclaman esa unidad, ese pacto, porque esta ley no debe tener ideología, debe ser un proyecto de unidad, una ley de todos, un proyecto de país.
